Santo Domingo, R.D.-Familiares de la señora Crucita Henríquez Beltrán, de 81 años de edad, denunciaron que su pariente está bajo arresto hace dos días de manera arbitraria, por disposición de la fiscal Jacqueline Valencia Nolasco, en la sección La Jagua, Distrito Municipal Don Juan, en Monte Plata.
De acuerdo con una denuncia de los parientes, la señora Henríquez Beltrán estaría siendo víctima de extorción para que ceda unos terrenos que le otorgó el Gobierno mediante un proceso de reforma agraria llevado a cabo por el Presidente Danilo Medina a través del Instituto Agrario Dominicano (IAD).
Revelaron que el pasado 16 de abril de 2019, sin la señora Henríquez Beltrán haber cometido ilícito penal, la fiscal Valencia Nolasco le notificó una querella con constitución en actor civil, por supuestamente “haber penetrado y sustraído todos los ajuares que tenía el señor Tomás de Jesús en el interior de su vivienda”.
Sostienen que aunque a su pariente le llegó dicha notificación, no asistió a la Fiscalía local por entender que no tenía nada pendiente con la Justicia.
Sin embargo, cuando los familiares se dispusieron a investigar, descubrieron que se trata de una alegada mala práctica en virtud de una alianza entre el presidente de la Confederación Agraria de Campesinos Dominicanos (CONFACAD), Jorge Coronado, en contubernio con la abogada Máxima del Rosario de Jesús, para despojarla de unas tierras que después de muchos años de sacrificio, pudo recibir su título de propiedad mediante la reforma agraria que llevó a cabo el IAD en Monte Plata.
Explicaron que una vez el imputado se encuentra en prisión, se desespera y lo ponen a firmar una documentación mediante el cual se desprende de su título de propiedad, modus operandi en el cual denuncian que también actúa en complicidad la fiscal Jacqueline Valencia Nolasco.
“Van y le ponen denuncia sin cita y sin nada. La fiscal pide una orden de arresto al juez para hacerla presa”, esa es una práctica recurrente en la sección La Jagua del Distrito Municipal Don Juan y zonas aledaña en Monte Plata.
Llamaron al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez para que ponga fin a esta práctica que afecta los derechos fundamentales.
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